Cubanálisis El Think-Tank

ARTÍCULO ESPECIAL EN EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

 4 de Julio: La revolución americana y posibles enseñanzas para Cuba

 

Dr. José Azel, Miami, Florida y Big Sky, Montana

 

La Revolución Americana, que culminó con la creación de los Estados Unidos de América y sus legendarias Declaración de Independencia y su Constitución, comprende una serie de ideas, decisiones, principios y enseñanzas  fundamentales que han garantizado el funcionamiento continuo y sin interrupciones de esta gran nación, con luces y sombras, durante más de 240 años. ¿Qué podemos aprender los cubanos de todas estas enseñanzas de la Revolución Americana? Mucho. Por eso Cubanálisis-El Think-Tank presenta a sus lectores, en ocasión del 4 de Julio, una selección de diversos artículos del Dr. José Azel sobre la revolución americana, publicados en diversos medios o en su libro “Reflexiones sobre la Libertad”, tratando de encontrar posibles enseñanzas de este trascendental fenómeno para una Cuba que ya no debería tardar mucho de salir de la larga noche totalitaria.

 

 

Relación entre libertad y democracia

 

¿Cuál es la relación entre libertad y democracia? A menudo utilizamos esos términos como intercambiables, igualando libertad con democracia. Hacemos más complejo el error reiterando que la democracia automáticamente produce libertad y que, gracias a la democracia, la coacción gubernamental ya no es una amenaza a la libertad porque votamos por quienes nos coartarán.

 

Tendemos a olvidar que los Estados Unidos nacieron como república, no como democracia, y que la Constitución se estableció para promover la libertad, no la democracia. Los legisladores de la Constitución buscaban proteger a las personas de la intrusión del gobierno y de otros ciudadanos. La intención de la Constitución era dominar al gobierno, no al pueblo. Como explicó Alexander Hamilton, “Estamos creando una forma republicana de gobierno. La libertad real no se encuentra en los extremos de la democracia, sino en un gobierno moderado”.

 

Sospecho que la mayoría de nosotros nos sorprenderemos al saber que la palabra “democracia” fue deliberadamente evitada por los legisladores, y no aparece ni en la Declaración de Independencia ni en la Constitución. Los Padres Fundadores estaban profundamente preocupados con los problemas inherentes a una tiranía de la mayoría y fueron muy lejos para diseñar un gobierno federal que no se basara en la voluntad de la mayoría. Para los legisladores, el propósito del gobierno era asegurar a los ciudadanos la trilogía de derechos expuesta por John Locke: la vida, la libertad y la propiedad.

 

Sospecho también que la mayoría de nosotros nos sorprenderemos de saber cómo, en la neblina de la Primera Guerra Mundial, comenzamos a romper la letra y el espíritu de la Constitución suspendiendo derechos de propiedad con nacionalizaciones en amplia escala y más. La Ley de Sedición de 1918 minó abiertamente la Carta de Derechos criminalizando las expresiones antigubernamentales. La Ley de Sedición prohibió el uso de lenguaje “desleal, profano, injurioso o abusivo” sobre el gobierno de Estados Unidos. Los condenados bajo esa Ley recibieron  sentencias de cárcel de entre 5 y 20 años. En aquellos turbulentos años, el activista político radical y novelista Upton Sinclair y otros fueron sorprendentemente arrestados por leer en público la Carta de Derechos. Se dice que el funcionario que los arrestó dijo: “No tendremos nada de eso en la Constitución”.

 

Pero fue durante la presidencia de Franklin Roosevelt que los conceptos de libertad y democracia se corrompieron irreconociblemente en política americana. Roosevelt introdujo el aberrante argumento de que la libertad depende del gobierno. En esta visión de la democracia, mientras el gobierno responda al pueblo, no importa cuánto ese gobierno restrinja las libertades; el pueblo es libre. En el discurso inaugural de su segunda administración, el Presidente Roosevelt proclamó orgullosamente: “En los últimos cuatro años hemos hecho el ejercicio de todo el poder más democrático; comenzamos colocando los poderes privados autocráticos bajo subordinación adecuada del gobierno del pueblo”.

 

Contrasta el concepto de Roosevelt sobre el rol del gobierno con el de Thomas Jefferson: “Un gobierno sabio y frugal debe impedirle a los hombres dañarse unos a los otros, debe dejarlos libres para regular sus propias búsquedas de obligaciones y mejoras, y no debe quitar de la boca de los trabajadores el pan que se ganan. Esta es la suma del gobierno, y es necesaria para cerrar el círculo de nuestras alegrías”.

 

Existe ciertamente una conexión entre libertad y democracia, pero ambas no son una ni lo mismo. El Índice de Libertad Humana 2016 -un reporte en el que colaboran el Instituto Cato y otras organizaciones- documenta una fuerte correlación de 0.77 en la compleja relación entre libertad y democracia. El reporte ofrece a los académicos un rico entorno empírico de 159 territorios para examinar si existe relación de causa o apoyo entre ambas variables, y si esa relación se fortalece o se debilita con el tiempo.

 

Estados Unidos sigue siendo una democracia, pero su índice de libertad humana declinó al número 16 en libertades económicas y una embarazosa posición 28 en libertades personales. Hong Kong, territorio que nunca ha experimentado la democracia, tiene el número 1 en libertades económicas y el 19 en libertades personales.

 

Cuando los gobiernos democráticos abusan de la regla de la mayoría como reemplazo a la opción personal, la libertad individual se subvierte. Debemos aprender a no confundir el autogobierno de la regla de la mayoría democrática con el autogobierno de nuestras propias vidas.

 

 

Una historia de tres revoluciones

 

Extensa literatura compara y contrasta las revoluciones francesa y Americana, pero un reciente artículo de Patrick Estebe titulado “Una historia de dos revoluciones” me hizo pensar en la influencia de ambas en la revolución cubana de 1959. Como un adolescente en la Cuba pre 1959, recuerdo estudiar extensamente la Revolución Francesa y la influencia en ella de filósofos de la Ilustración como Jean-Jacques Rousseau. Sin embargo, no recuerdo a mis maestros hablándonos sobre la Revolución Americana o el correspondiente papel inspirador de John Locke en el  pensamiento de los Fundadores.

 

Me desconcertaba si esta disparidad en mi instrucción era una falla de mi memoria, y consulté con el Dr Eugenio Yáñez y otros doctos colegas. Me aseguraron que mis recuerdos eran correctos. En la educación cubana la Revolución Francesa era enfatizada y la Revolución Americana no era estudiada como una revolución. Era considerada más como una guerra de independencia con pocas consecuencias intelectuales sociopolíticas mundiales.

 

Tras la Revolución cubana este abandono fue más pronunciado. En esa mentalidad “revolucionaria” era incongruente referirse a la Revolución Americana como revolución. Los yanquis eran imperialistas y no podrían ser estudiados como revolucionarios.

 

Es imposible en un corto artículo periodístico hacer justicia a las diferencias y similitudes en las Revoluciones Americana y Francesa, pero destacaré algunos tópicos útiles a mis propósitos actuales. Ambas revoluciones fueron producto de los ideales de la Ilustración que enfatizaron los derechos naturales y la igualdad. Ambas fueron respuestas a monarquías opresivas que gravaban pesadamente y pretendían subyugar. Pero ambas tuvieron diferentes resultados.

 

La Revolución Francesa comenzó mientras la Constitución de Estados Unidos se adoptaba en 1789, y líderes como el Marqués de Lafayette, que había participado en ambas, probablemente tuviera en mente un modelo similar de gobierno para Francia.

 

La Revolución Americana se guió por preocupaciones prácticas sobre la representación. Pero fue la ira, resultado de los abusos de la nobleza dominante y el clero, lo que provocó la Revolución Francesa. Esa ira rápidamente llevó a gobernar  mediante el terror y finalmente al reino de Napoleón.

 

Consideremos qué sucedió respectivamente a los organizadores de las revoluciones. Líderes de la Revolución Francesa, como Maximiliano Robespierre, instigaron miles de ejecuciones en la guillotina, incluidos el Rey Luis XVI y su esposa María Antonieta durante el “Reinado del Terror”. El mismo Robespierre fue posteriormente guillotinado sin juicio.

 

De los líderes de la Revolución Americana, solamente uno de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia falleció de muerte violenta. Esa muerte, sin ninguna relación con la Revolución, fue la de Alexander Hamilton, en un duelo a muerte con Aaron Burr. De hecho, la mayoría de los revolucionarios americanos fueron honrados después de la Revolución, y algunos como John Adams y Thomas Jefferson desarrollaron largas vidas de servicio público.

 

La Revolución Americana se basó filosóficamente en los derechos a la “vida, libertad y propiedad”. Promovió el constitucionalismo y el gobierno limitado como lo articuló John Locke. Por su parte, la Revolución Francesa fue influenciada por la filosofía de Rousseau. Las ideas de Rousseau conducían en última instancia al gobierno de poder absoluto y completo control sobre la sociedad. La lucha francesa por “libertad, igualdad y fraternidad” es contradictoria en sí misma. Igualdad impuesta por el gobierno es inconsistente con libertad.

 

La Revolución Americana engendró una “Carta de Derechos” para proteger libertades individuales. La Revolución Francesa produjo un documento muy diferente en la “Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano” que, aunque promovía derechos básicos, concebía el poder absoluto del Estado. El tercer artículo plantea: “Ni grupos ni individuos pueden ejercer autoridad que no emane expresamente de ellos”.

 

Ahora, la revolución cubana no tiene nada que ver con la civilidad, valores democráticos y defensa de la propiedad privada de la Revolución Americana. Tiene mucho en común con la ira de la revolución francesa, como demuestran los miles de paredones de fusilamiento desde 1959 y su fórmula de partido único totalitario.

 

Y quedo preguntándome si hay alguna relación de causa y efecto entre los gobiernos con los que resultamos y las historias que narramos sobre esas tres revoluciones.

 

 

¿Es Estados Unidos una democracia despótica?

 

La idea de despotismo democrático resulta un oxímoron, dos términos opuestos. Pero en “Democracia en América” (1835-1840) Alexis de Tocqueville ofrece una consistente descripción del despotismo democrático como “…una red de pequeñas reglas complicadas, mínimas y uniformes, a través de las cuales las mentes más originales y los personajes más enérgicos no pueden penetrar, para elevarse sobre la muchedumbre”.

 

Bajo el despotismo democrático o blando de Tocqueville, “la voluntad del hombre no se destroza, pero es ablandada, torcida y guiada; los hombres raramente son forzados a actuar, pero continuamente se les restringe actuar”.

 

El despotismo democrático “…no destruye, pero dificulta existir; no tiraniza, pero reduce, debilita, apaga, embrutece al pueblo, hasta que cada nación es rebajada a meramente un tímido rebaño de animales laboriosos de los que el gobierno es el pastor”.

 

El despotismo blando no es tan obvio como el duro. Nos da la ilusión de estar en control; nos degrada en vez de perseguirnos. A menudo toma forma de un estado dentro de un estado (imperium in imperio) donde una organización interna, como las fuerzas armadas, agencias de seguridad o instituciones administrativas se desarrollan más allá del control efectivo del liderazgo político civil.

 

Por ejemplo, históricamente los esfuerzos para separar Iglesia y Estado se basaron en la percepción de que la Iglesia podría convertirse en un imperio dentro del imperio, minando el liderazgo civil. Otros ejemplos: en la Unión Soviética, el aparato de seguridad (KGB) se consideraba un estado dentro del estado. Igualmente su sucesor, el Servicio de Seguridad Federal (FSB) de la Federación Rusa. Y, en EEUU la burocracia gubernamental es a veces descrita como ejemplo contemporáneo de estado dentro del estado.

 

La moderna definición de burocracia viene del sociólogo alemán Max Weber quien, en los años 1920 la definió como cualquier sistema de administración conducido por profesionales entrenados de acuerdo a reglas fijas. Y, aunque Weber las consideraba necesarias en un mundo moderno, también advirtió que la burocratización era una amenaza a las libertades individuales, donde las personas serían atrapadas en impersonales “jaulas de hierro” de controles basados en reglas.

 

Las burocracias también se caracterizan por crecer continuamente. En EEUU la burocracia original del Gobierno Federal eran los empleados de solamente tres pequeños Departamentos: Estado, Tesoro y Guerra. Hoy la actividad federal emplea casi 3 millones de personas. La antigua KGB soviética empleaba un funcionario por cada 428 ciudadanos. En la actual Rusia “más libre” el FSB emplea uno por cada 297.

 

Tocqueville advirtió en 1835 sobre un degradante despotismo democrático de “pequeñas reglas complicadas”; ¿qué hubiera dicho hoy? Durante los últimos años de la administración de George W Bush las regulaciones administrativas aumentaron dramáticamente, y en los primeros siete años de Obama se añadieron más de 20,600 nuevas, con un estimado de costos regulatorios superior a $100,000 millones anuales.

 

Conceptualmente, las regulaciones gubernamentales representan una vía para que las personas dejen de manejar sus propios asuntos y entreguen esas tareas a una agencia gubernamental.

 

De acuerdo a Tocqueville, un subproducto de entregar el manejo de nuestros asuntos a una institución gubernamental es que nos convertimos en incompetentes seleccionando buenos líderes. Así, las regulaciones gubernamentales arruinarían el experimento americano al combinar flaquezas de gobernantes con debilidades de gobernados.

 

Este paternalismo regulatorio personifica la filosofía de que no se puede confiar en que las personas tomen buenas decisiones, requiriendo que el gobierno imponga su criterio sobre las decisiones voluntarias que personifican nuestras necesidades y preferencias. Algunas regulaciones son necesarias e inherentes al Estado de derecho: son imprescindibles regulaciones para proteger los niños y los discapacitados para tomar decisiones razonables. Pero las políticas regulatorias deben verse con extraordinaria suspicacia y utilizarse mesuradamente.

 

Afortunadamente, parece que finalmente entendimos que el despotismo blando de las regulaciones socava el concepto mismo de responsabilidad personal. En enero 2017 el Presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva obligando a las agencias gubernamentales a abolir dos regulaciones por cada nueva que implantaran. El Presidente ha reportado actualmente un índice de éxito de 22 regulaciones eliminadas por cada nueva promulgada.

 

La medida se está publicitando como un éxito económico. Es mucho más que eso. Es la restauración de libertades individuales.

 

 

La paradoja americana: libertad dentro de la coacción

 

“Laboratorios de democracia” es la expresión acuñada por el juez de la Corte Suprema de EEUU Louis Brandeis, que ejerció entre 1916 y 1939. El juez explicaba el federalismo como el reparto del poder entre el gobierno federal y los gobiernos de cada Estado de una forma que “un Estado puede, si sus ciudadanos lo deciden, servir como laboratorio; y acometer experimentos sociales y económicos innovadores sin arriesgar al resto del país”.

 

El federalismo en Estados Unidos, como lo diseñaron los Padres Fundadores, es un sistema jerárquico de gobierno bajo el cual dos niveles de gobierno ejercen un rango específico de control sobre la misma área geográfica. La Décima Enmienda de la Constitución de EEUU estipula que “todos los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, se reservan respectivamente a los Estados o al pueblo”.

 

Se entiende fácilmente que el federalismo es un modelo compuesto de gobierno caracterizado por una división de poderes. Sin embargo, no es bien entendido que el federalismo organiza sus dos mayores divisiones de gobierno -el central y el de los Estados- utilizando diferentes teorías del poder. Este es un punto desarrollado por Gary Gerstle en su libro Libertad y Coacción.

 

El estado central, como se enfatiza en la Carta de Derechos, se organiza en relación a los valores de la teoría liberal de que los ciudadanos tienen derechos inalienables que ningún gobierno puede quitarles. Por su parte, los Estados derivan su poder de una teoría política diferente enfatizando el bienestar del pueblo (salus populi). Este principio, en contraste con la teoría liberal, expresa que la sociedad sea meticulosamente regulada por el gobierno bajo la teoría de que el bienestar del pueblo impera sobre los derechos individuales. Esta es la paradoja gubernamental americana de libertad dentro de la coacción.

 

Como americanos, aprendemos a vivir dentro de este cada vez más complejo rompecabezas de libertades individuales dentro de la coacción. Ciertamente, en ningún otro país industrializado el gobierno central ha necesitado luchar más fieramente por su legitimidad que en Estados Unidos. Esta lucha resalta cómo nuestras actitudes personales hacia la libertad y la coacción cohabitan en nuestra mente como controvertida paradoja. Somos una república que busca limitar el poder central, pero aprueba el poder estadual.

 

La hostilidad antigubernamental de los Padres Fundadores se dirigió casi exclusivamente hacia el gobierno central, que veían como una institución externa y alejada del pueblo. Por otra parte, los gobiernos estaduales eran equivalentes a la población. Eran el pueblo. Así, en la visión de los Padres Fundadores, los gobiernos estaduales deberían tener la mayor influencia en nuestras vidas diarias.

 

Por diseño constitucional, el gobierno federal fue autorizado a asumir solamente aquellas responsabilidades expresamente asignadas; todas las otras enumeradas eran dejadas a los Estados. Pero la historia de los gobiernos americanos muestra un constante deseo de expandir la capacidad y poder del gobierno federal mucho más allá de los límites constitucionalmente impuestos.

 

El Leviatán que es hoy el gobierno federal surgió del poder adquirido por el gobierno central durante y después de la Segunda Guerra Mundial, que debilitó el poder de los Estados. Antes de esa guerra, los Estados contaban con cerca del 60% del total de los ingresos gubernamentales en EEUU. El sistema de impuestos masivos establecido por el gobierno federal durante la guerra invirtió la ecuación del poder monetario. Al final de la guerra, la parte de los ingresos gubernamentales controlada por el gobierno federal se había incrementado al 70% de los mismos.

 

Actualmente, el gobierno federal utiliza ese poder financiero incrementado para imponer uniformidad en asuntos locales convencionales como velocidad máxima para conducir o edad mínima para beber. Lo hace sin considerar que, por ejemplo, Alaska y Florida son Estados muy diferentes con diferentes necesidades, poblaciones y valores. Una ley federal que tenga sentido para Florida podría ser absurda para Alaska.

 

Peor aun, la intrusión federal en el campo del poder estadual se consuma adoptando la teoría del poder reservada para los Estados. Es decir, el gobierno federal asume la teoría política de los Estados de que el bienestar del pueblo reclama que la sociedad sea meticulosamente regulada por el gobierno.

 

En este proceso perdemos nuestros laboratorios de democracia y nuestra teoría liberal fundacional del poder, donde los ciudadanos tienen derechos inalienables que ningún gobierno puede quitarles. Resolvemos la paradoja: perdemos libertad, y quedamos solamente con la coacción.

 

 

Entre anarquía y tiranía

 

La democracia puede definirse de muchas formas descriptivas, tales como gobierno por el pueblo, decisiones de la mayoría, creencia en libertad e igualdad, y otras. Pero encuentro conceptualmente útil definirla como forma de gobierno entre la violencia de la anarquía y la violencia de la tiranía.

 

El psicólogo cognoscitivo Steven Pinker lo dijo así: “Se puede pensar en la democracia como forma de gobierno que navega hábilmente ejerciendo suficiente fuerza para imposibilitar que las personas abusen de otras sin abusar del pueblo mismo. Un buen gobierno democrático permite a las personas dedicarse a sus vidas con seguridad, protegidas de la violencia de la anarquía, y en libertad, protegidas de la violencia de la tiranía”.

 

De ahí que no tener un gobernante y disfrutar al máximo de libertades individuales sea preferible si podemos evitar la violencia de la anarquía. Pero la historia humana muestra que el caos es más letal que la tiranía, y por eso inventamos una forma de gobierno que “navega hábilmente” entre la violencia de la anarquía y la violencia de la tiranía.

 

Actualmente, según se mida, más del 50% de la población mundial vive en naciones democráticas. Sin embargo, prácticamente algunas de esas naciones pueden ser más autocráticas que democráticas. También encontramos algunas autocracias tipo Singapur, y algunas democracias represivas como Pakistán. El alias de dictador benevolente se ha utilizado para describir líderes autoritarios que ejercieron poder absoluto, como Josip Tito (Yugoslavia), Mustafá Kemal Ataturk (Turquía), Lee Kuan Yew (Singapur) y otros.

 

Una distinción práctica puede hacerse también entre esas democracias que no van mucho más allá de limitar el poder del gobierno sobre sus ciudadanos, y aquellas más activamente comprometidas a apoyar la voluntad de la mayoría de la ciudadanía. Por ejemplo, el sistema político americano es más populista que los sistemas políticos de otras democracias occidentales más aristocráticas o elitistas.

 

A pesar de sus limitaciones, la democracia la describió exquisitamente Winston Churchill en un discurso ante la Cámara de los Comunes: “Se han intentado muchas formas de gobierno, y se seguirán intentando en este mundo de pecado y calamidad. Nadie pretende que la democracia sea perfecta o competente en todo. Realmente, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las otras formas que se han experimentado cada cierto tiempo”.

 

Además, la tiranía continua teniendo abogados, particularmente entre los decadentes que articulan celosas opiniones político-económicas sin preocuparse por las evidencias. Y entre los autocomplacientes optimistas que no necesitan esforzarse mucho trabajando para prosperar, porque un tirano paternalista con un plan maestro mejorará sus vidas, como en China, Cuba, Irán, Corea del Norte o Vietnam.

 

El economista Paul Romer hace una instructiva distinción entre optimismo complaciente y optimismo condicional. Relaciona optimismo complaciente con el de un niño esperando regalos en la mañana de Navidad. Más allá de conducta obediente no se requiere mucho más del niño. Mientras que optimismo condicional es el sentimiento del niño que “desea una casita en un árbol y comprende que si obtiene suficiente madera y clavos, y convence a otros niños que le ayuden, puede construirla”. La democracia necesita optimismo condicional y la tiranía requiere optimismo complaciente.

 

Quizás el más malentendido y criticado aspecto de los gobiernos democráticos es su proceso electoral, como Pinker destaca: “Los cientistas políticos se asombran repetidamente por la superficialidad e incoherencia de las creencias políticas de las personas, y por la endeble conexión entre sus preferencias y sus votos…”. Un grado considerable de apatía e ignorancia parece ser parte de muchos procesos democráticos.

 

El filósofo anglo-austriaco Karl Popper, visto generalmente como uno de los grandes filósofos del siglo 20, ofreció una brillantemente simplista manera de pensar sobre un gobierno democrático. Típicamente pensamos sobre democracia y su proceso electoral como una forma de gobierno que responde la pregunta ¿Quién debe gobernar? En vez de eso, Popper propone que debemos pensar en la democracia como un sistema de gobierno que nos permite solucionar el problema de cómo salirnos de malos líderes sin baños de sangre.

 

Reemplazando malos líderes sin violencia es como la democracia navega hábilmente entre la violencia de la anarquía y la violencia de la tiranía.

 

 

Nosotros, el pueblo

 

Las constituciones de los países latinoamericanos, casi sin excepción, comienzan exaltando el estado-nación o destacando el papel patriarcal de los funcionarios electos. “Nosotros, los representantes del pueblo de Costa Rica… El Congreso de la República de Venezuela… El Congreso Constituyente (de Perú), invocando a Dios Todopoderoso… La soberana nación y su gobierno (de la República Dominicana)… Nosotros, los diputados (de Honduras)… La Nación Panameña… La república Oriental del Uruguay es la asociación política…”

 

Generalmente, las constituciones pasan entonces a exigir, en insufrible detalle paternalista, qué valores deben mantener la ciudadanía y el Estado. Por ejemplo, el Artículo 8 de la constitución boliviana prescribe que “Cada persona tiene los siguientes deberes fundamentales: (b) Trabajar… en actividades socialmente útiles. (c) Asistir al menos a la escuela primaria. (e) Ayudar, alimentar y educar a sus hijos… y ayudar a sus familiares cuando están enfermos… (g) Cooperar con el Estado y la comunidad…”. Todas, loables ambiciones, pero ¿necesitamos que la Constitución ordene hacer esto?

 

El Artículo 4 de la Constitución nicaragüense responsabiliza al Estado con la obligación de “promover y garantizar avances en la sociedad para asegurar el bien común…” La Constitución paraguaya, en el Artículo 6, señala que “la calidad de vida será promovida por el Estado con planes y políticas que reconozcan los factores condicionales…” Perú, en el Artículo 2 (6), quiere asegurar que “los servicios de información… no provean información que afecte la intimidad personal o familiar”. Y Ecuador requiere que el Estado planifique el desarrollo nacional y erradique la pobreza, así como poder tener acceso a la vida buena.

 

En vívido contraste, la Constitución de Estados Unidos -la más corta constitución escrita- no solamente comienza otorgando todo el poder a “Nosotros, el pueblo”, sino que procede inmediatamente a establecer los límites del gobierno y garantizar las libertades individuales en los siete primeros artículos y en la Declaración de Derechos.

 

Explícita e implícitamente el pensamiento latinoamericano de gobierno estatista es que el poder debe descansar no el pueblo desinformado, sino en los ilustrados representantes que arrogantemente consideran que ellos saben lo que es mejor para el pueblo. Esta variedad de paternalismo epistemológico sostiene que nuestras decisiones individuales que definen nuestras potencialidades están sujetas a errores que perjudican nuestro bienestar y, por consiguiente, por nuestro propio bien, debemos confiar en que el gobierno tenga autoridad sobre nuestra toma de decisiones.

 

Esto nos infantiliza, porque como adultos somos los mejores jueces de lo que nos conviene en nuestras vidas. Además, normalmente hacemos mejores opciones que aquellos que se esfuerzan para escoger por nosotros un único diseño que sirva para todos los programas gubernamentales. Es cierto, cometemos errores, pero a menudo son instructivos y mejoran nuestra toma de decisiones futura. Los funcionarios públicos, incluso los más íntegros enfocados al servicio público, también cometen errores. A fin de cuentas, nuestros errores pueden ser menos dañinos que los de los funcionarios públicos. El paternalismo gubernamental empeora nuestras vidas aunque sea solamente porque cuando nos niega la libertad de opción sufrimos una pérdida en nuestro bienestar.

 

La incapacidad incluso de familiares y amigos para conocer lo que nos gustaría es esmeradamente expresada por Joel Waldfogel en su libro “Economía mezquina: Por qué usted no debe comprar regalos para las festividades”. No importa cuánto esfuerzo hagamos para encontrar regalos adecuados para nuestros seres queridos, tendemos a equivocarnos y terminamos entregando regalos que los recipientes no comprarían para ellos mismos. Las investigaciones demuestran que cuando las selecciones no son hechas por los consumidores finales, quienes reciben los regalos no hubieran pagado ni una cantidad cercana a lo que nosotros pagamos -en promedio, pagarían solamente el veinticinco por ciento de nuestros precios de compra. El gobierno, tratando neciamente de decidir por nosotros, destroza.

 

Los gobiernos latinoamericanos harían mejor echando a un lado sus hábitos paternalistas y estatistas y practicando el Principio del Daño de John Stuart Mill, de que “el único propósito por el que el poder puede ser correctamente ejercido sobre cualquier miembro de la comunidad civilizada, contra su voluntad, es para prevenir un daño a otros. Su propio bienestar, sea físico o mental, no es justificación suficiente. No puede legítimamente ser forzado a hacer o haber hecho algo porque sería mejor para él hacerlo, porque eso lo haría más feliz o porque, en opinión de los demás, hacerlo sería inteligente, o incluso correcto...”.

 

Nosotros, el pueblo, sabemos lo que más nos conviene.